 |
| Kiosko de agua en Jacmel (Haití), adonde acude la población que no tiene suministro en casa. PABLO LINDE |
Quizás porque cae del cielo, la mayoría de la población del mundo se ha acostumbrado a pagar por el agua menos de lo que cuesta. El proceso de recogida, tratamiento, distribución, su impacto ambiental, el posterior saneamiento, las infraestructuras necesarias...El dinero para sufragar todo esto no viene de las nubes. Es frecuente que el ciclo sea, en mayor o menor medida, subvencionado por las distintas administraciones de los Estados, algo que no todos pueden permitirse. ¿La consecuencia? El 40% de la población mundial carece de un abastecimiento adecuado. Uno de los grandes debates que estuvo presente en muchas de las charlas del Foro Mundial del Agua, que se celebró el pasado marzo en Brasilia, fue el de las soluciones para pagar el agua y todas las infraestructuras que hacen posible que salga del grifo.
La Unión Europea, en su Directiva marco del agua —por poner un ejemplo en un contexto desarrollado— establece que el precio debe permitir recuperar todos los costes, incluidos medioambientales. Para esto es necesario que quien usa el agua la pague, lo que además desincentiva el derroche. Esto no siempre se cumple, como ocurre en España. “En general, la ciudadanía tiene un importante desconocimiento del precio del agua, en parte porque históricamente ha estado fuertemente subvencionada y no se ha puesto en valor el coste de su ciclo”, advierte un informe de la Fundación Aquae.
En Latinoamérica, con mucha más cantidad de líquido disponible —el 30% del agua dulce del mundo está en la región, que solo concentra al 8% de la población—, pero menos infraestructuras, las inversiones necesarias para construirlas y abastecer sobre todo a las áreas rurales hacen que la tarifa “no pueda” cubrir estos costes, según Ronald Arce, investigador de la escuela de negocios Incae. “La abundancia hace que pensemos que es gratis, no nos hemos acostumbrado a pagarla. Necesitamos esquemas diferentes de financiación”, asegura. En el foro se analizaron varias alternativas, como un canon a las empresas que usan el agua como insumo, o los fondos del agua, que son inversiones público-privadas.
Costa Rica es uno de los modelos que se suelen poner como ejemplo en esta gestión. La presidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, explicó cómo en su país han implantado un sistema tarifario que permite que no sea necesario subvencionar este bien. Incluye el canon a las empresas, que es el principal ingreso para mantener el sistema. Esto les permite un modelo de subsidio para las personas que se encuentran en extrema pobreza, que reciben de forma gratuita los primeros 50 metros cúbicos. Quienes están en situación de pobreza (no extrema) pagan un 50% por esta misma cantidad.
Otra alternativa que se está usando para construir las infraestructuras necesarias para que el agua llegue a las poblaciones que la necesitan es el sistema Obras por impuestos. Fue creado en Perú y consiste en que las empresas puedan financiar y ejecutar proyectos hídricos recuperando la inversión en el pago del impuesto de la renta. Es una alternativa a la contratación tradicional que tiene por objeto agilizar los trabajos. “Es algo que está acelerando muchísimo las obras”, aseguraba Mercedes Castro, gerente de la ONG peruana Agua Limpia.
Los fondos del agua son un instrumento financiero y de gobernanza que ha ido tomando cuerpo en los últimos años y que cada vez está más extendido. Se trata de apalancar inversiones del sector público y privado e invertir sus dividendos en conservar las fuentes de agua en las cuencas, antes de que lleguen a los usuarios, para hacerlas sostenibles. En 2011 se creó la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua como un mecanismo financiero e institucional que hiciera posible su conservación.
“A la infraestructura tradicional, de represas, tuberías, caños… Estamos añadiendo soluciones innovadoras basadas en la naturaleza, lo que conocemos como obra verde”, exponía Agustín Aguerre, gerente del sector de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), que facilitó la logística para esta cobertura. Estas obras incluyen, entre otras actuaciones, reforestación de laderas erosionadas, creación de áreas protegidas en zonas de alto valor ecosistémico, gestión de pagos por servicios ambientales a productores, capacitación y mejora de sus prácticas agrícola-ganaderas…
Los 23 fondos que ya existen en ocho países latinoamericanos abarcan 200.000 hectáreas, involucran a 200 organizaciones, proveen agua de calidad a 80 millones de personas y han conseguido apalancar más de 150 millones de dólares. “Nuestra meta para 2020 es llegar a 40 fondos que sean financieramente sostenibles”, añadió Aguerre.
Uno de los modelos que ya lo ha conseguido es Quito, que fue premiada en Brasilia como ejemplo a seguir en el resto de la región. Su logro es abastecer de forma sostenible con agua de calidad a toda el área metropolitana de la capital de Ecuador, que tiene más de 2,5 millones de habitantes.
Estas soluciones y su combinación son algunas de las alternativas que América Latina necesita para poder cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecen que para 2030 toda la humanidad debe tener buen suministro. A pesar de contar con un 300% más de agua dulce per cápita que la media mundial, la región está lejos de conseguir estas metas: más de 200 millones de personas de la región padece fallas en el suministro. Según los cálculos de Sergio I. Campos, jefe de la División de Agua y Saneamiento del BID, para conseguir paliar esta situación es necesario cuadruplicar las inversiones que se están haciendo actualmente.
Sem comentários:
Enviar um comentário